El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que la Procuraduría General del Estado se constituya como actor civil del proceso...
El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que la Procuraduría General del Estado se constituya como actor civil del proceso seguido a Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre de 2022. Esto incluye un pedido por eventual reparación civil de casi S/68 millones, y el embargo de bienes al exmandatario y a su exasesor Aníbal Torres.
El magistrado supremo estableció que la PGE al argumentar una pretensión provisional al estar en etapa preliminar sí puede acceder a participar como parte agraviada en el caso.
Reparación civil pide Procuraduría
Se había solicitado que Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Aníbal Torres compensen al Estado en forma solidaria, ante una eventual condena. A este último se le solicitó el embargo de un departamento en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro (valorizado en 236,800 dólares), y de un sótano y un estacionamiento (US$ 15,000).
EXPRESO conoció que el expremier se allanó al levantamiento de las comunicaciones de su equipo celular, incautado durante el allanamiento a su vivienda.
“Tiene en su poder su celular, antes estaba en manos de la Fiscalía cuando el allanamiento a su casa, pero supongo se hizo copia espejo, que ellos llaman al equipo y posteriormente fue aprobado para que se levante la información contenida en el teléfono”, dijo Duberlí Rodríguez, abogado del procesado.
Por Janet Leiva
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