La situación legal de Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, procesados en el caso Interoceánica Sur, junto al expresidente Alejandro...
La situación legal de Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, procesados en el caso Interoceánica Sur, junto al expresidente Alejandro Toledo por favorecer con dicha obra a Odebrecht, podría cambiar al ordenar la Corte Suprema que otra sala superior se pronuncie sobre el pedido de la Fiscalía Lava Jato para que se les imponga 36 meses de prisión preventiva.
La Sala Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín, declaró fundada la casación que presentó la Fiscalía Superior Lava Jato. En el 2020, el Ministerio Público pidió al juzgado de investigación preparatoria dictar 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector y miembro del comité de Proinversión.
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Sin embargo, el juzgado les dio comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país a Bravo Orellana y Pasco-Font; esta situación fue apelada por la Fiscalía y como resultado la sala superior revocó la decisión de primera instancia dictando comparecencia simple para ambos.
Errores
Ahora, la sala San Martín ordenó que un nuevo tribunal superior sea quien revise la impugnación del Equipo Lava Jato. La sala suprema argumentó que la petición es viable, pues todavía no se cumplió el control de acusación.
Según advirtió, la sala superior entendió que había un obstáculo procesal para imponer la medida (prisión preventiva), cuando no es así y, además, asumió que lo primero no se podía analizar, omitió responder tres puntos importantes como: la prognosis de la pena, el peligro procesal y la proporcionalidad. “Concurrentemente, la ley procesal se interpretó y aplicó erróneamente”, dice la resolución.
Concertación
El fiscal Lava Jato, José Domingo Pérez imputa a Bravo Orellana y Pasco-Font Quevedo, como exfuncionarios de Proinversión de proyectos de infraestructura y servicios públicos cometieron el delito de colusión. Ambos habrían concertado con los representantes de Odebrecht y otros funcionarios, para favorecerla en el proceso de la concesión de la obra IIRSA Sur tramos 2 y 3.
Este acuerdo, según la Fiscalía, se materializó bajo un acuerdo entre los procesados con funcionarios de Odebrecht durante la convocatoria (2005) y con una aceleración inusitada se le entregó a la constructora la buena pro.
Por Janet Leiva D.
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