Con la ley de desarrollo constitucional que permite a la presidenta Dina Boluarte hacer trabajo remoto, la posición del Perú...
Con la ley de desarrollo constitucional que permite a la presidenta Dina Boluarte hacer trabajo remoto, la posición del Perú ante la comunidad internacional se reforzará enormemente en los aspectos político, económico y social. Así lo señaló nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Adrianzén.
“La presencia de nuestra señora presidenta, Dina Boluarte, en vivo, actuando ella directamente en ese ejercicio de promoción y de difusión del Perú. Próximamente, la Alianza del Pacífico es la voz, y más adelante, APEC. Imagínate el impacto (…) que va tener la presencia de nuestra señora presidenta de la República, promoviendo desde los Estados Unidos, de manera directa y personal, ese impulso para el crecimiento”, declaró en el programa Diálogo Abierto, de Radio Nacional.
Adrianzén resaltó que, gracias a gestiones de la canciller Ana Gervasi, presidiremos la Alianza del Pacífico desde el 1 de agosto, acabando con el veto del mandatario mexicano, Andrés López Obrador. A esto se sumarían el foro APEC y la Organización Mundial de Turismo, con un Perú integrado al mundo globalizado, e inmerso en un sistema multilateral.
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“Sostuvimos una reunión bilateral con la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fue una reunión muy franca, por momentos dura, pero muy sincera. El Perú expresó sus preocupaciones y sus deseos de que el diálogo permanezca (…) Dura en cuento a las discrepancias que se han expresado permanentemente y que son públicas. Estamos en desacuerdo con algunos términos expresados en el informe”, reveló.
Como se recuerda, Gustavo Adrianzén fue procurador ante la Corte-IDH en el caso Chavín de Huántar. Allí probó que no había existido un solo terrorista del MRTA ejecutado extrajudicialmente en el recordado operativo, y que todos habían muerto en combate. De este modo demostró que nuestros heroicos comandos habían respetado los Derechos Humanos, acabando con quince años de injusta persecución judicial.
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