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Josué Gutiérrez y Rafael López Aliaga se unen en rechazo al peaje Chillón: exigen anular contrato con Odebrecht

Se cansaron de los abusos y unen fuerzas para tomar el toro por las astas. El defensor del Pueblo, Josué...

Se cansaron de los abusos y unen fuerzas para tomar el toro por las astas. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sostuvieron una importante reunión de trabajo en la que llegaron a una misma conclusión: el contrato para la instalación del peaje Chillón no tiene validez y debería anularse definitivamente, lo cual significa un duro revés para la empresa brasileña Odebrecht, accionista del Consorcio Rutas de Lima.

Como se recuerda, el contrato fue suscrito el 9 de enero de 2013, con el fin de rehabilitar las infraestructuras viales, pero durante la vigencia de la concesión se han identificado diversos perjuicios a los usuarios y a la población en general.

La Defensoría se ha sumado al rechazo expresado anteriormente por el municipio limeño a esta obra y envió un oficio al Poder Judicial, un amicus curiae al juez del 2do Juzgado Constitucional de la Corte de Lima en el proceso de amparo iniciado por ciudadanos contra Rutas de Lima por instalación de peaje Chillón.

También presentó un escrito al procurador general del Estado para que, en el marco de sus competencias, evalúe acciones legales orientadas a anular los actos y efectos jurídicos contrarios a intereses del Estado.

Informe contundente

Asimismo, la Defensoría presentó otro oficio al Tribunal Arbitral Internacional sustentando sus argumentos para que se abstenga de emitir pronunciamiento de fondo sobre una controversia vinculada con la resolución unilateral del contrato, sustentada en la vulneración del interés público por las investigaciones en materia de corrupción y la violación de derechos fundamentales que la acompañan.

Desde hace muchos años el panorama ya se presentaba oscuro para los residentes de la zona del peaje Chillón y, frente a ello, el defensor del Pueblo, y parte de su equipo institucional, presentó el informe defensorial “El Caso de la Concesión de Vías Nuevas de Lima y la Afectación al Interés Público: Una Aproximación a partir de la Vulneración de los Derechos Fundamentales”.

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A través de las redes institucionales, Gutiérrez indicó que es imperativo para la Defensoría asumir temas de interés nacional que involucran la defensa de los Derechos Humanos, sobre todo cuando la ciudadanía del sector ha manifestado en reiteradas oportunidades su malestar por la instalación del peaje Chillón en Lima Norte.

Además expresó que es necesario devolver la dignidad a los peruanos, que el Estado es uno solo y, frente a esta problemática, corresponde la respuesta de todas las instituciones en la defensa de los derechos de la población.

Objetivos puntuales

Durante su alocución en la mesa de trabajo, Gutiérrez señaló que ante la demanda de amparo presentada por ciudadanos de Lima Norte, por las restricciones a su derecho a la libertad de tránsito, la Defensoría del Pueblo está aportando elementos de defensa a su derecho a través del amicus curiae.
En esa línea, los objetivos del informe presentado son los siguientes:

-Analizar el impacto de ciertas disposiciones establecidas en el Contrato de Concesión entre Rutas de Lima y la Comuna Metropolitana al ejercicio de los derechos de las personas y la comunidad.

-Aportar soluciones a los problemas que afectan los derechos fundamentales de las personas a partir de la ejecución de las cláusulas analizadas.

De hecho un problema que afecta los derechos fundamentales de una persona es la libertad de tránsito debido a la falta de vías alternas en el peaje Chillón (el artículo 2 inciso 11 de Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho “A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”).

Por tanto, al no contar con una vía alterna al referido peaje, de uso accesible y gratuito, se condiciona a los ciudadanos a transitar obligatoriamente por una vía donde se tiene que pagar derechos de circulación y se restringe, por tanto, injustificada e inconstitucionalmente la facultad de libre tránsito, vulnerando este derecho de todos y todas.

Conclusiones

En el ítem conclusiones y luego de analizar las disposiciones contractuales que atentan contra el interés público, se precisa lo siguiente:

1. Afectan derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de tránsito, el derecho a la propiedad y la protección al consumidor.

2. Al no existir vía alterna a la Panamericana Norte (sentido Lima-Norte) y al prohibir la posibilidad de que se genere una, se contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y la Ley N° 15773.

3. Su aplicación ha dado lugar a conflictos sociales, lo que generó la suspensión del nuevo peaje Chillón (sentido Lima-Norte) y perjuicios al Estado y a las personas.

4. Se ha pactado un redondeo de la tarifa del peaje en perjuicio del consumidor, contraviniendo flagrantemente la Constitución y el Código de Protección al Consumidor.

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