¿Cómo observa los cuestionamientos a la ley de colaboración eficaz aprobada por el Congreso? ¿Los cambios alterarán los procesos judiciales...
¿Cómo observa los cuestionamientos a la ley de colaboración eficaz aprobada por el Congreso? ¿Los cambios alterarán los procesos judiciales de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Martín Vizcarra?
Al margen de que si favorece o no con nombre propio a determinados investigados, lo que corresponde es haber regulado el aspecto procesal de la colaboración eficaz, en la medida en que era necesario establecer que el colaborador en un inicio es un aspirante a tal condición procesal, en la medida en que todo lo que pueda proporcionar el aspirante a colaborador eficaz tiene que ser corroborado, investigado, verificado y solo así obtener una condición jurídico procesal de colaborador, puesto que, como su nombre lo dice, no basta ser un colaborador básico, sino eficaz; es decir, la prueba que traslade al Ministerio Público tiene que ser fidedigna y conducente a identificar hechos reveladores y grados de participación criminal.
Además, es correcto aplicarle un plazo determinado al procedimiento de colaboración eficaz, puesto que todo procedimiento codificado obedece a plazos, formas, garantías constitucionales, y establecer ocho meses para la verificación fiscal y judicial para verificar la prueba proporcionada por el colaborador es prudente.
Finalmente, reglamentar que el procedimiento debe iniciarse con el aspirante acompañado de su abogado defensor es correcto, pues garantiza la legalidad, la libre voluntad y el respeto al debido proceso de colaboración.
¿Cree que han pesado los intereses del llamado fujicerronismo para aprobar esta ley, como insinúan algunos sectores?
Ha habido en el lenguaje político el fujimontesinismo, el fujiaprismo, el fujimilitarismo y ahora se escucha el fujicerronismo. Esas frases describen ciertas coaliciones políticas que muchas veces han servido para intereses partidarios, intereses de bancada, pero si bien pueden tener cuotas de poder, carecen de autoridad jurídica para analizar normativas o para transformar legislaciones; por esta razón yo no considero que el derecho esté sometido a estas alianzas, muchas veces entorpecedoras de la dinámica jurídica del país.
La izquierda y la derecha parlamentaria están de acuerdo en muchos temas. ¿Cómo evalúa esta situación?
La izquierda y la derecha son simples tendencias de lo que otrora significaron verdaderos cuadernos programáticos y políticos, con verdaderas ideologías que derechas e izquierdas proponían como un planteamiento político al país; estas ideologías planteaban diferentes formas de gobierno, muchas veces también diferentes formas de políticas públicas. Lo que yo veo el día de hoy dista mucho de aquello; simplemente son arribismos improvisados que quieren ser protagonistas de la historia republicana y que cuando ven afectados sus propios intereses, generan “alianzas”, “coaliciones”, “bloques” para defender sus intereses hedonistas y personalistas. Concluyo diciendo que hoy ya no existen izquierdas y derechas en la política peruana, salvando a honrosas excepciones de políticos de derecha y de izquierda que aún existen, pues no se puede generalizar.
¿Cómo ve usted las conversaciones para elegir a la nueva Mesa Directiva del Congreso, porque Fuerza Popular ahora conversa con el denominado Bloque Magisterial, que es una disidencia de Perú Libre?
La Mesa Directiva se ha convertido en una pugna por el poder pero sin autoridad, pues hay que diferenciar la obtención de poder y la obtención de autoridad. Muchas veces, no siempre, la Mesa Directiva es la gerencia de un club de lobbies, nuevamente, salvo honrosas excepciones; muchas veces, la Mesa Directiva ha sido servil al gobierno de turno, como algunos episodios muy lamentables protagonizados por la Mesa Directiva del Congreso de la República. La Mesa Directiva debe ser la gran reguladora, ordenadora y supervigilante de los procesos políticos en sede parlamentaria; organiza el debate y garantiza la constitucionalidad de sus decisiones, no es más; sin embargo, al estar desnaturalizada la función de la Mesa, muchos la ven con codicia y para mostrarse ante el país en una vitrina de lujo, por simples “figuretismos” y protagonismos equivocados. Considero que se le ha dado más importancia de la debida a la Mesa Directiva, más allá de sus funciones parlamentarias. Basta observar simplemente las mesas parlamentarias en las grandes democracias modernas para concluir que en el Perú tenemos un concepto equivocado.
¿Cómo cree que influya la llamada Toma de Lima en la elección de la Mesa Directiva?
La llamada Toma de Lima es el aviso de la comisión de una serie de delitos; quieren engañarnos con que es un accionar político o decirnos que es una protesta social espontánea, cuando en realidad todo esto está desdibujado; son la Policía y las Fuerzas Armadas quienes deben controlar y garantizar la seguridad ciudadana y el orden interno nacionales, puesto que es una crónica anunciada de vandalismo y delincuencia.
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Con respecto a su pregunta, debo decirle que debería ser tomado como un chantaje político a las fuerzas de oposición porque van a buscar el famoso 'equilibrio' en la Mesa Directiva, chantaje para la conformación de las comisiones congresales; chantaje porque van a presionar al Gobierno con la elección de ministros o cargos de alta dirección y chantaje a nivel sindical para las llamadas “mejoras” gremiales, pero no para todos, sino solo para aquellos que dirigen y encabezan los gremios.
¿Usted cree que el Gobierno de Dina Boluarte se mantenga hasta el 2026?
Es una pregunta que se proyecta demasiado en el tiempo; hacer un análisis predictivo de lo que podría pasar después del 2026 es muy complejo; mucho dependerá de los acontecimientos de los años 2025 y 2026 propiamente dicho; sin embargo, antes que cualquier interés político debe prevalecer la estabilidad económica, jurídica y social del país. Los apetitos políticos deben ser orientados hacia esos tres factores, pues caso contrario serían apetitos desordenados. En medio de toda la convulsión que generó la salida del golpista Castillo, el actual gobierno logró superar la crisis, lo que no quiere decir que estén gobernando con aciertos y proyección de futuro; pero, en todo caso, debe cumplirse el mandato presidencial hasta el 2026, puesto que la señora Boluarte, vía sucesión, ha asumido la presidencia de la República y está sujeta a todas las obligaciones, deberes y derechos reconocidos en la Constitución. Si este gobierno logra cubrir las grandes demandas nacionales, ¿por qué desestabilizarlo? Hay que cumplir procesos políticos, más aún en una democracia frágil y perturbada como la que tiene nuestro pobre país.
¿Por qué los hechos de violencia ocurridos a fines de 2022 son pasados por agua tibia?
Los actos delincuenciales superaron las capacidades del Ministerio Público y de la Policía Nacional; fueron muchos los detenidos, muchas las figuras delincuenciales, pero el problema es político, puesto que todo gobierno nunca quiere judicializar lo que fue presentado ante un país como protesta social, por temor a que les digan que son gobiernos represores a las libertades y a los derechos humanos. En Europa, entiéndase Francia, se está dejando hacer un caos y una convulsión nunca vista; y esta convulsión delincuencial ha sido disfrazada de reivindicación por la lucha contra la discriminación racial, luego pasó al medio ambiente, luego caminó hacia la protección de los derechos de los animales; y la fuerza policial y la autoridad del gobierno quedan en jaque y neutralizados por miedo a ser calificados como violadores de derechos humanos. Lo mismo sucede en nuestra realidad.
¿Cómo ve el desenvolvimiento de la fiscal de la Nación Patricia Benavides?
Los cuestionamientos a la fiscal se originan por su lucha frontal contra la corrupción del gobierno de Pedro Castillo Terrones, y por su exposición en medios el día de la detención del golpista. Luego, debería aclarar o dejar zanjados sus problemas de acreditación académica que le han costado muchos problemas mediáticos; y el tercer factor que debería aclarar de manera contundente es la investigación a su hermana, Emma Benavides; pero considero que la fiscal de la Nación no muestra sesgos de parcialidad, como otras fiscales supremas que hemos tenido.
¿Qué puede comentar sobre la prisión preventiva del periodista Mauricio Fernandini y de la empresaria Sada Goray y cómo afectará esto a los casos judiciales de Pedro Castillo?
Hace menos de un mes, en medios de comunicación, sostuve que Sada Goray no podría mantenerse en el extranjero, tratando de fingir ser una colaboradora y, habiendo tomado conocimiento que la Procuraduría Anticorrupción había solicitado la calificación de organización criminal, lo que correspondía era que el Ministerio Público solicite la detención preliminar de estos personajes. Además sostuve que en el departamento rentado por Mauricio Fernandini podrían haber hallazgos reveladores de otros negocios corruptos, puesto que resulta insólito pensar que en este departamento solo se hizo una operación corrupta, en la medida en que las organizaciones criminales tienen una gran capacidad de movimiento delincuencial y su estructura logística es mucho más grande.
¿Qué frutos han dado las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez?
Yo calificaría su trabajo como uno de carácter ampuloso, denso, que quiso abarcar muchas líneas de investigación; se saturaron de eventos criminales; tuvieron una rápida partida pero un desarrollo sumamente deficiente y lento; asimismo, hay una percepción de la población de que el trabajo fiscal ha sido contaminado por el factor político y le ha restado credibilidad, tanto a los personajes como a las mismas carpetas de investigación.
¿Al expremier Aníbal Torres le podrían dictar prisión preventiva?
Es muy posible, si es que se logra establecer que más allá del cargo y de su amistad con el expresidente golpista, tuvieron un mismo concierto de voluntades en materia de corrupción y en el golpe de Estado, puesto que si seguimos la lógica que se le aplicó a la exministra Betssy Chávez, a quien se le estableció haber participado en el delito de rebelión en grado de tentativa, me imagino que el Ministerio Público está evaluando la misma posibilidad de prisión preventiva para el exministro Torres Vásquez.
Y en este caso, ¿cuán importante será en testimonio de Betssy Chávez?
Es difícil que los integrantes de una organización criminal, que están siendo investigados por el Ministerio Público, se delaten entre los que pertenecen a la cúpula; lo que podría ocurrir es que alguien de jerarquías inferiores de la organización criminal comience a hablar; eso sí es más usual.
Por Vladimir Rendón Acat
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