EXPRESO tuvo acceso a dos carpetas fiscales que demostrarían una manipulación inescrupulosa del fiscal Salazar Reque para inculpar a la...
EXPRESO tuvo acceso a dos carpetas fiscales que demostrarían una manipulación inescrupulosa del fiscal Salazar Reque para inculpar a la UAP, mintiendo deliberadamente para incautar sus bienes de procedencia lícita y con ello desbaratar la posibilidad de obtener el licenciamiento institucional y competir con aquellas universidades que se beneficiaron cuando a la UAP se le prohibió convocar a nuevos procesos de admisión.
¿Qué extraña razón explicaría que esta universidad pase de ser agraviada en un proceso por lavado de activos contra Joaquín Ramírez a convertirse en el brazo dirigencial de una organización criminal? No existe hasta el momento ningún dato que confirme la tesis fiscal, pero sí más de 18 mentiras incorporadas por el fiscal Wilson Salazar Reque en las carpetas fiscales N°16-2014 y N°88-2019, las cuales buscarían convertir a la UAP en cómplice de un proceso de fraude sistemático en el cual fue una clara víctima.
Una de esas mentiras la encontramos en el requerimiento de levantamiento del secreto a las comunicaciones y telecomunicaciones de la carpeta fiscal N°16-2014, donde el fiscal Salazar Reque afirma que Fidel Ramírez Prado es propietario de la Escuela de Aviación Jorge Chávez y de la Empresa Administradora del Aeródromo Las Dunas, lo cual es totalmente falso, porque estas empresas pertenecen a la Universidad Alas Peruanas.
Otra mentira figura en el requerimiento de medida de incautación (Exp. N°00092-2018-5001-JR-PE), cuyo sustento se encuentra en la misma carpeta fiscal de 2014, donde se afirma que hubo un incremento inusual de patrimonio.
Lo cierto es que la UAP facturó más de US$1,600 millones (mil seiscientos millones con 00/100 dólares americanos) a lo largo de 22 años brindando servicios educativos, siendo su patrimonio en activos de aproximadamente el 17% de ese monto total.
Más irregularidades por parte de fiscal Salazar Reque
Este dato desbarata la tesis fiscal que imputa la compra de bienes con dinero maculado, cuando la UAP demostró que sus ingresos por servicios educativos eran suficientes para adquirir todo el patrimonio que posee.
Es claro que la Fiscalía no pudo demostrar ningún ingreso ilícito por parte de la UAP, pese a que levantó irregularmente su secreto bancario hasta el año 2020, y a que la actual administración colaboró en todo momento con entregar la información solicitada por la Fiscalía.
Todos los actos imputados a la UAP por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración de personas jurídicas son en realidad actos cometidos por las personas naturales a cargo de la administración anterior, en perjuicio directo de la Universidad, para ser más precisos, cometidos por el señor Fidel Ramírez Prado en su calidad de Gerente General y por sus familiares, quienes ostentaban cargos directivos dentro de la Universidad.
No es posible indicar que la UAP pueda ser considerada como imputada del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, al ser ella la única perjudicada con los actos fraudulentos. Eso constituye una tipificación inconsistente e ilegal.
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Los actos de fraude cometidos por la familia Ramírez disminuyeron el patrimonio de la UAP, sin generar retorno o beneficio para la Universidad. Resulta contradictorio afirmar que la UAP haya participado junto con la familia Ramírez en los actos de fraude. La UAP es víctima y no partícipe del delito.
El fiscal Wilson Salazar Reque no solo está forzando de manera ilegal las supuestas imputaciones en contra de la UAP, sino también en contra de sus actuales directivos, quienes vendrían siendo víctimas de un ensañamiento por parte del fiscal.
Fuentes internas de la UAP informaron a Expreso que han presentado al juez de garantías todas las evidencias que desbaratan la tesis fiscal, que ha generado un enorme perjuicio para más de 7,000 estudiantes y 200 futuros pilotos, que se ven impedidos del uso de la infraestructura y equipamiento de sus locales.
Los grandes beneficiados
Lo que resulta sumamente sospechoso es que las grandes beneficiadas de la incautación de los bienes de la UAP son su competencia directa en los mercados universitarios, la Universidad César Vallejo (UCV) y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), esta última propiedad del grupo Intercorp.
¿Qué mano negra llevaría al fiscal Salazar Reque a mentir sistemáticamente en este proceso? Su jefe directo, el fiscal superior Rafael Vela Barba, tendría un vínculo directo con la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña, pues su hermano Carlos Vela Barba es militante del partido político Alianza por el Progreso (APP) desde el año 2014, siendo candidato hasta en tres oportunidades, a regidor y al Congreso en los años 2020 y 2021.
Resulta curioso también que el hermano del fiscal Salazar Reque sea trabajador de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). ¿Coincidencias o un claro conflicto de intereses?
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