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FIDH dice que en Perú se busca «cooptar» instituciones: responsabilizan al gobierno de Boluarte y al Congreso

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció que en Perú se busca "cooptar" las instituciones democráticas. En una nota,...

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció que en Perú se busca "cooptar" las instituciones democráticas. En una nota, responsabilizan al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República.

Este documento fue publicado en la página web de la FIDH, en el que indican que el Parlamento aceleró su intención de apropiarse de los demás poderes del Estado, además de "revertir" las conquistas sociales en el terreno de los derechos humanos.

"Esto viene sucediendo en el contexto de la crisis democrática que está atravesando el país, la cual, lejos de ser coyuntura, obedece al proyecto político e ideológico conservador y autoritario que ha ido desestabilizando la institucionalidad estatal durante el último año", mencionan desde París, Francia.

Dicen que Keiko Fujimori originó crisis política

También, afirman que la crisis política inició en 2016, de la mano de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. "Hubo una campaña desestabilizadora de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, dirigida por ella, que tuvo como consecuencia la vertiginosa sucesión de seis presidentes en apenas siete años", justifican.

Condenan supuesta represión en movilizaciones

Reconociendo de manera tenue que hubo un "fallido golpe de Estado", protagonizado por el exmandatario Pedro Castillo, condenaron que el gobierno de Dina Boluarte, tras reemplazar la administración del chotano, haya "reprimido" manifestantes en los primeros meses de su gestión.

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En un añadido, lamentan las muertes registradas en diversas zonas de la nación, "algunas de las cuales ya han sido caracterizadas como ejecuciones extrajudiciales".

Acusan a "aliados" de Boluarte

Asimismo, rechazaron que, "en el último año, se haya capturado el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en los que, con el apoyo de una mayoría parlamentaria totalmente impopular, conservadora y autoritaria, se nombraron personas con insuficientes credenciales académicas y jurídicas en procesos altamente cuestionados, alterando la independencia y la autonomía".

También expresan su preocupación por las "graves amenazas de captura" que pesarían sobre la Junta Nacional de Electoral (JNE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Adicionalmente, alertan que existe un "viraje autocrático", orquestado por partidos "ultraconservadores" y "aliados" del gobierno de Dina Boluarte, el cual corresponde al "programa de desmantelamiento de derechos conquistados".

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