
Se inició una investigación al IPD por posibles irregularidades en el alquiler del Estadio Nacional. Aquí te contamos los detalles.
La Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima inició una investigación preliminar sobre presuntos delitos en la administración pública al IPD por el alquiler del Estadio Nacional.
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Según el Ministerio Público, la investigación está a cargo del fiscal provincial José Caballero Miranda, responsable del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción. El caso se centra en presuntas irregularidades en el proceso de alquiler del Estadio Nacional, bajo la administración del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Estas anomalías estarían relacionadas con un posible delito contra la administración pública, lo que implica que se investiga si hubo mal manejo de recursos o actos de corrupción que afectaron al Estado peruano.
"La Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima (Tercer Despacho), a cargo del fiscal provincial José Caballero Miranda, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito contra la administración pública, en agravio del Estado; tras una denuncia pública sobre presuntas irregularidades en el alquiler del Estadio Nacional, a cargo del Instituto Peruano del Deporte", señalaron en sus redes sociales.
🚨 #FiscalíaActúa | Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima (Tercer Despacho), a cargo del fiscal provincial José Caballero Miranda, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito contra la administración pública, en agravio del… pic.twitter.com/9CdGcPS5DX
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 4, 2025
¿Qué pasaría si encuentran irregularidades?
Si se confirman las irregularidades en el alquiler del Estadio Nacional, los responsables podrían enfrentar cargos penales por delitos como corrupción o malversación de fondos. También podrían recibir sanciones administrativas como destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, el Estado podría exigir la devolución de los fondos mal gestionados y revisar los procesos de contratación para prevenir futuras irregularidades.
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