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Sada Goray y Mauricio Fernandini: sus mentiras los acercan a la cárcel

Para el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, las supuestas confesiones de Sada Goray y Mauricio Fernandini no eran...

Para el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, las supuestas confesiones de Sada Goray y Mauricio Fernandini no eran suficientes. Daban información a medias, por lo cual el juez Raúl Justiniano aceptó el pedido de detención preliminar a quienes serían parte de la organización criminal de Pedro Castillo.

Quien sí entregó todo lo que sabía a los fiscales fue Salatiel Marrufo, exasesor en el Ministerio de Vivienda. Luego de señalar que se gestionaron tres millones de soles de ese sector para sobornar congresistas y evitar la vacancia presidencial solicitada a fines de 2021, reveló cómo los hermanos del golpista serían parte de la corrupción.

“Yo manejaba la plata que nos daba Sada Goray. Entonces acordamos darle sesenta mil soles mensual a la hermana del presidente Pedro Castillo [Gloria Castillo], y ella le reparta a sus demás hermanos”, señalaba el colaborador eficaz.

Esto implicaba a Gloria y al exministro Geiner Alvarado (actualmente en prisión preventiva). Según esta delación, la hermana del ahora exmandatario pedía contratar a quienes habían financiado la campaña electoral, pero lo consideraron “peligroso”.

“En lugar de eso le puede apoyar económicamente con diez mil soles mensuales para ella, y el presidente le dijo que si van a apoyar a su hermana, también tienen que apoyar a sus seis hermanos”, había sido la conversación previa, según la carpeta fiscal.

Los lazos de Goray con contratos millonarios se conocían desde el año pasado. En ese momento, ella alegó que había sido amenazada por altos funcionarios del gobierno pasado, para entregar cuatro millones de soles.

Esta posición fue asumida por el equipo que dirige la fiscal Marita Barreto, pero poco a poco se fue cayendo. Tanto Marrufo como Fernandini empezaron a contradecirla, y luego se descubrió que la lobbista había aprovechado sus contactos para colocar en el Estado a sus allegados. Estos aprobaban los proyectos que ella gestionaba a nombre de Marka Group y otras empresas privadas.

“Totalmente cómplice”

“Ella era totalmente cómplice de esto. Hay un caso específico. Una funcionaria, la pusieron en un área donde tenía que habilitar los informes técnicos para el fideicomiso.

El fideicomiso buscaba reducir o bajarle la tasa, con lo cual se beneficiaba a Marka Group. Ella había trabajado en la empresa del exmarido de Sada Goray. Extorsión no, esto fue armado. Lo que me preocupa que, bajo esta nueva defensa, podrían tipificar el delito como algo menos grave”, alertaba hace unas semanas la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.

A diferencia de todos los involucrados, el Ministerio Público había excluido a la imputada del cargo de organización criminal. Se le había permitido salir del país, a cambio de que delate a todos los cabecillas, pero al final ella resultó ser uno de estos. Solo tenía que regresar cada cierto tiempo para control biométrico.

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“Esperemos que ahora la Fiscalía amplíe investigación para comprender a Sada Goray como coautora del delito de organización criminal, ya que actualmente solo es investigada por tráfico de influencias y cohecho”, sostuvo la exprocuradora Katherine Ampuero.

El procurador público anticorrupción, Javier Pacheco, explicó en RPP las razones detrás de la medida dictada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

“Lo que nosotros estamos viendo es que esto es una consecuencia de un accionar del Ministerio Público para acopiar elementos de prueba para el proceso”, indicó a RPP.

S/ 148 millones

Agregó que esta red comprendía otros espacios del Estado, por lo cual debe haber decenas de involucrados en forma penal o administrativa.

“Una de estas fue penetrar y otorgar beneficios a través de tres instituciones que hemos identificado que son la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) y el Fondo MiVivienda”, acotó Pacheco.

Mencionó que la Procuraduría ha identificado un perjuicio económico por S/1’48,000,000 distribuidos en 6 proyectos dentro de los cuales habría habido un fideicomiso sin garantías. Destacó que la detención preliminar equivale a una nueva estrategia para llegar a la verdad.

Por César Rojas

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